¡No a nuestra costa!

El Gobierno plantea ahora una reforma de la ley que reduce la protección del litoral. Publicado en La Nueva España de Avilés el 18 de septiembre de 2012

Isla del Carmen

Isla del Carmen, lugar de Interés Histórico, en la ensenada de Aramar (Gozón)

por DOLORES HOFMANN – DINAMIZADORA DE EQUO EN LA COMARCA DE AVILÉS
Cuando aún colean las disputas generadas por el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en la ría de Avilés y en algunos otros lugares de Asturias, la Ley de Costas vuelve a estar en el candelero tras la presentación por el ministro del ramo de un borrador de propuesta para reformar la Ley de Costas de 1988.

En estas dos décadas, a pesar de Ley de Costas en vigor, cada día se ha perdido una superficie de nuestra costa similar a ocho campos de fútbol. Y ahora el gobierno plantea una reforma de la misma que reduce la protección del litoral y que permitiría legalizar actuaciones irregulares que en realidad deberían ser detenidas o revertidas.

Llaman la atención algunas de las reflexiones de la exposición de motivos de la modificación propuesta, en la que se dice cosas tan curiosas como las siguientes:

“-La necesidad de reformar, en este momento, la Ley de Costas surge de la concepción marcadamente transitoria con la que se reguló el dominio público marítimo terrestre.

-Ha sido precisamente la fuerza con la que el tiempo se impone y consolida situaciones, la que exige someter a aquel régimen a una profunda revisión. Ya no desde una perspectiva meramente axiomática, sino desde una visión integradora que garantice la protección del litoral y dote de verdadera seguridad jurídica a las relaciones que allí se desenvuelven.

-Se parte del análisis crítico de la aplicación de la ley anterior, que en ciertas ocasiones ha tolerado resultados inaceptables medioambientalmente.”

O sea, según el gobierno actual la ley de costas de 1988 no es seria, sino solo un parche para salir del paso, no garantiza la protección de litoral, es necesario dar de paso actuaciones irregulares que se han ido consolidando, no deja claro como pueden desarrollarse la actividad en el litoral y además permite que se den situaciones inaceptables desde el punto de vista medioambiental. En fin, sin comentarios.

Leyendo el texto es fácil comprobar que en realidad, en los términos que el Gobierno plantea la reforma, con el cambio solo unos pocos se verían favorecidos, y saldría perjudicado el interés general del Estado y la conservación de la naturaleza y del litoral. Después de casi 25 años, en los que, con mucho trabajo y salvando muchos problemas se ha llegado a realizar algo más del 90 por ciento del deslinde nacional, se plantea una revisión del litoral deslindado que supondría un factor de inseguridad jurídica e implicaría un enorme coste, que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.

Casi de inmediato se creó la «Plataforma No a Nuestra Costa» (de la que EQUO forma parte como más de doscientas asociaciones de toda España) que defiende que la actual ley no debe ser reformada, sino que debe aplicarse correctamente ya que, entre otras muchas cosas: protege el patrimonio común, velando por la protección del litoral y garantizando el uso público y libre del mismo impidiendo su privatización; permite nuevos modelos de desarrollo turístico, ayudando a luchar contra la especulación y contra la corrupción en nuestro litoral; vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales; cuenta con el respaldo de los tribunales españoles, que han fallado en el noventa y cinco por ciento de los casos a favor del interés general y no de intereses particulares.

Una de los planteamientos básicos de EQUO, coincidentes con los de la Plataforma, es la defensa de la transparencia urbanística y la eliminación de las figuras que favorecen la especulación y la corrupción en nuestra costa. El objetivo es evitar la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos europeos, tal y como fue denunciado por el informe Auken y aparece recogido en la Directiva de Gestión Integrada de Zonas Costeras elaborada por la Unión Europea, mediante una adecuada aplicación de la Ley de Costas.

Aparte de lugares bien conocidos como Isla Cristina, Punta Umbría, Marbella, Santa Pola y otros tantos en todo el mediterráneo, la ría de Avilés es uno de los ejemplos poco edificantes del trato que nunca se le debió dar al litoral.

El centro de Avilés está construido sobre una marisma y además a lo largo del siglo XX se ocuparon unos 15 kilómetros cuadrados de terrenos ganados al mar y a la marisma. En muchos casos las desecaciones fueron actuaciones poco claras y movimientos especulativos, recogidos con profusión de detalles en el libro de La desecación de marismas de la ría de Avilés en los Siglos XIX y XX, (Ramón Alvargonzález y Maximino Roza-2000). Y todavía hay quien defiende la construcción de un hotel en las dunas del Espartal, la ubicación de nuevas naves industriales en Zeluán o quien está en contra de la recuperación de las antiguas marismas de Llodero, lo único «fácilmente» recuperable de todo el estuario.

Con la Ley de Costas actual también se previene el litoral de actuaciones como las urbanizaciones que se pretendían hacer en Verdicio y en los alrededores de Luanco, que ya han sido retiradas o sustancialmente modificadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gozón, o derribar construcciones en muchos lugares de la costa que se hicieron en algún momento anterior sin los debidos trámites legales.

En EQUO entendemos que la ley de Costas actual debe cumplirse, no modificarse, y mucho menos si las modificaciones van en la línea propuesta. EQUO propone un cambio de modelo económico y social, para avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente, que no agote los recursos naturales, que acabe con esta enloquecida carrera de crecimiento a base de especulación y despilfarro, más solidario, y en el que la política sea una forma de servir a los ciudadanos y no un medio de vida.

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